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#SinVotoNoHayDinero: Análisis de Reformas Electorales y la participación en elecciones 1991–2015


La iniciativa “Sin Voto No Hay Dinero” ha causado revuelo en todo el país. Posterior a su aprobación en el Congreso de Jalisco y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara constitucional, se han levantado argumentos a favor y en contra.


Los argumentos a favor vienen desde muchos lados: desde las demandas de austeridad de la población a los partidos políticos hasta las cifras que dicen que la democracia y elecciones mexicanas son de las más caras del mundo, a razón del costo del voto por persona.


Los argumentos en contra también son variados: se dice que invade competencias federales, que puede incentivar el flujo de recursos privados ilegales a las campañas y por último, el argumento más estridente y probablemente el que más se fundamenta en especulación, suposiciones y lugares comunes — la invectiva que dice “Sin Voto No Hay Dinero fue pactada con el PRI y empeora aquello que busca mejorar”. El texto está disponible en http://www.proceso.com.mx/504537/remedio-kumamoto-peor-la-enfermedad

Vamos analizando ese lo que dice el texto:
“Iguala a todos los partidos e incentiva el anulismo”

[…] la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de “castigar a los partidos” y desde un punto de vista engañoso de “todos son iguales”, los ciudadanos más conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones.
Más allá del paternalismo implícito al decir que es “irresponsabilidad ciudadana” el no ir a votar cabe mencionar que ya hay una postura pública clara acerca de que los partidos políticos son indispensables para la democracia y que pinta claros matices entre ellos: http://www.nacion321.com/opinion/pedro-kumamoto-se-puede-acabar-con-los-partidos.


Por otro lado es insostenible argumentar que gracias a #SinVotoNoHayDinero “los ciudadanos más conscientes” tendrán un pretexto para no votar. ¿Qué clase de contradicción tácita es esta? ¿En qué quedamos? ¿Son o no realmente conscientes? ¿Están o no están alienados estos ciudadanos que menciona?


Esta idea de tildar a los posibles anulistas o a los abstencionistas de irresponsables invisibiliza cualquier posición política por fuera de la lógica del Estado y le niega la complejidad del movimiento anulista la cual ha quedado evidenciada en un amplio análisis del CIESAS realizado en 2009 (Alonso, 2010)

Con este antecedente se puede decir que la demanda ciudadana ha cambiado y si hay algo que caracteriza al movimiento para impulsar #SinVotoNoHayDinero es una presión activa a los congresos locales y un fuerte llamado a la participación política de las personas.

Ahora, a los números. Primero, los niveles de participación en las elecciones tienen una tendencia clara a la baja desde 1994 y tienden a moverse en una banda de entre el 40% y 60% sin importar cualquier tipo de reforma electoral o de financiamiento (ver gráfica 1).

GRÁFICA 1: Participación en elecciones como porcentaje del total del padrón electoral 1991–2015 (Fuente: http://siceef.ine.mx/campc.html?p%C3%A1gina=1)

Incluso con un movimiento anulista fuerte durante 2009, los niveles de participación no fueron más allá de su nivel más bajo en el período 1991–2015 y se puede decir que fueron bastante normales para ser una elección intermedia. Esto, a pesar de que con el movimiento anulista los votos nulos duplicaron su media respecto a elecciones anteriores. Posteriormente el movimiento perdió arrastre y sus efectos en la elección de 2012 fueron limitados, ya que esa elección presidencial convocó a más mexicanos a las urnas que en la elección presidencial de 2006.


El texto en cuestión omite un problema fundamental que ningún partido político, en especial los más pequeños y los que se dicen cercanos a la gente han podido resolver: el abstencionismo imperante en México desde los años 90's. A partir de estas cifras se dibuja una pregunta ¿En dónde ha quedado la capacidad de auto-critica de la oposición en México?


A continuación ofrecemos un recuento de las reformas electorales de las últimas décadas a partir de las cuales no se ha podido demostrar correlación entre diseño institucional y nivel de abstención.

Reforma electoral 1990


  • La creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Federal Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación.
  • Se realizó un nuevo Registro Federal de Electores y un formato nuevo de credencial para votar.

Reformas electorales 1993 y 1994

  • En 1993 se prohibió el financiamiento proveniente de gobernantes, extranjeros, ministros de culto y empresas mercantiles. 
  • Se establecieron nuevas reglas para los partidos políticos como: la entrega de informes de ingresos y gastos anuales y de campaña. 

Reforma electoral 1996

  • Se reforzó la equidad de las prerrogativas y los procedimientos para su control y vigilancia. 
  • La asignación del financiamiento ordinario sería 30% de forma igualitaria a los partidos con representación en el Congreso y 70% de manera proporcional con la votación obtenida.

Reforma electoral 2002

  • Con esta reforma se procuró la equidad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales. Se estableció para los partidos políticos la obligación de promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión. 

Reforma electoral 2003 y 2005

  • En 2003 se realizaron cambios en los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional (APN). Para 2005, se reconoció el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República. 

Reforma electoral 2007–2008

  • Se abrogó el Cofipe aprobado en 1990. Esta reforma retomó las demandas de los actores políticos, destacándose las siguientes: 
  • La difusión de la propaganda gubernamental se restringió, no podrá realizarse en periodo de campañas. 
  • El IFE se constituyó en la autoridad única a nivel federal y local encargada de distribuir y asignar los tiempos del Estado para fines electorales. 
  • Se creó la Contraloría General del IFE, encargada de realizar auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del IFE. 
  • Se incorporó un Libro Séptimo al nuevo Cofipe de entonces, “De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno”, que incluye a los sujetos de responsabilidad, el tipo de infracciones que pueden cometer y procedimientos para: 1) faltas y sanciones administrativas por infracciones a la normatividad electoral, dentro y fuera de proceso electoral; 2) sobre financiamiento y gasto de partidos políticos y APN y 3) respecto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del IFE. 
Ahora, veamos la tendencia del abstencionismo de las últimas décadas en México:

Gráfica 1.1 - Tendencia de abstención en elecciones presidenciales e intermedias 1991–2015 (Fuente: Elaboración propia con cifras del INE)

Ahora, se puede confirmar con la anterior gráfica 1.1 cómo la tendencia de abstención ha ido a la alza desde 1991 al mismo tiempo que existen registros que dejan en evidencia como de 1997 a la fecha el presupuesto a partidos ha incrementado en 92.24 por ciento, pasando de $2,111,493,862.21 en 1997 a $4,059,213,905.00 en 2017.


Ante estas cifras la idea de vincular el gasto en campañas al porcentaje de votación recibido, lejos de ser “perverso” es una cuestión de sentido común.


Aquí también se puede consultar una respuesta punto por punto a las objeciones de la columna publicada en Proceso, por parte de la Red de Alianzas de #SinVotoNoHayDinero:
https://docs.google.com/document/d/1AIty4S-zI3eXEkz3EXVzATB34fcpFw7TCpEHTIMd4RA/edit?usp=sharing

~ Rodrigo Cornejo — Miembro de Wikipolítica Jalisco

www.twitter.com/Rodrigo_Cornejo

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