La disolución del control efectivo sobre el territorio de los municipios ocurre donde se ha tolerado que operen fuerzas como el lavado de dinero o el despojo violento de tierras. Estos factores derivan después en desapariciones y en el control del crimen organizado del territorio. Más allá del desgastado debate de las competencias y facultades de a quién le toca combatir al crimen organizado, los gobiernos estatales y municipales deben certificar a todos sus policías, cooperar con la Guardia Nacional y el Ejército para realizar labores de detección de células del crimen y proteger a la población. Minimizar mediáticamente el gran problema de seguridad de Jalisco no ayuda a la credibilidad y sin la voluntad de la población, poco se podrá hacer para tener un control social de la seguridad. Lástima que la experiencia nos dice que con frecuencia el Gobierno de Jalisco prefiere fijar posiciones mediáticas a reconocer el problema y tener una verdadera cooperación con el Gobierno Federal.
