La iniciativa de ley federal contra la extorsión y la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal confirman que el Estado mexicano ha elegido combatir al crimen organizado atacando la fragmentación institucional y jurídica. El objetivo es que la extorsión, ese impuesto criminal que asfixia la economía formal, pase de ser delito a solapado a nivel local y para que se vuelva una prioridad federal de seguridad pública. La extorsión, especialmente el "cobro de piso", no es solo un acto de violencia, sino un mecanismo de control económico que permite a los cárteles infiltrarse y distorsionar mercados vitales como el agrícola y el de la construcción, como se ha visto en Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Esto daña a la población, inflando costos y castigando a quienes cultivan, construyen o emprenden negocios. La nueva iniciativa de ley busca corregir la histórica disparidad del tipo penal entre estados, donde penas y definiciones inconsistentes daban a los ext...