La extorsión, ese impuesto invisible impuesto por el crimen es una forma de extracción de rentas criminales. Esta es una amenaza a la seguridad nacional, y la clave de la nueva estrategia de seguridad presentada por el Secretario Omar García Harfuch.
El concepto de extracción de rentas es el poder coercitivo de la violencia organizada para imponerse como un parásito sobre el flujo de dinero de actividades lícitas. Al igual que la Mafia o la ‘Ndrangheta en el Sur de Italia, donde obligan a comerciantes y constructores a pagar el “pizzo” a cambio de “protección”, grupos delictivos en nuestro país han replicado este modelo.
En México, el llamado “cobro de piso” es una renta criminal: el delincuente no aporta valor a la economía (no produce ni invierte), sino que utiliza la amenaza y la violencia para capturar una porción de las ganancias generadas por un tercero (el transportista, el agricultor, el constructor). Esta dinámica le da al crimen un flujo de efectivo estable y un control territorial parcial que se disfraza de actividad económica.
El problema se manifiesta con intensidades distintas en los estados, pero con una misma raíz. En la Tierra Caliente, la extorsión se ejerce mediante intimidación y delitos de alto impacto, enfocada en cadenas de valor como los productores de aguacate y de cítricos—un problema que fue citado por el propio Secretario de Seguridad en su comparecencia en el Senado. Aquí, la renta criminal va más allá del cobro simple: busca el control de la siembra, el empaque y la distribución. Esto atenta contra la capacidad productiva del país, buscando imponer una participación forzada en la riqueza generada.
El Estado de México, por su densidad poblacional y actividad comercial, enfrenta la extorsión como un fenómeno de alto volumen, un “cobro de piso” generalizado que afecta a miles de pequeños y medianos negocios.
Aunque el reto es muy grande, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado modificar un elemento clave para el combate a la extorsión: la confianza. El aumento del 85% en las llamadas a la línea de denuncia 089 es la evidencia de que la ciudadanía está denunciando y reduciendo la llamada “cifra negra”.
Además, la capacidad del Estado de frustrar el 74% de esos intentos de extorsión demuestra que la inteligencia y la acción coordinada están logrando intervenir en las cadenas extorsivas, como durante la Operación Enjambre y la Operación Caudal.
El gobierno federal ha hecho del combate a la extorsión una prioridad porque esto es defensa de la soberanía económica del territorio. Al atacar la fragmentación legal con un tipo penal único y al dotar de capacidad de investigación e inteligencia a las fuerzas federales, se están desmantelando los escudos de legitimidad que permitían a un operador criminal—como Nazario Ramírez en Jalisco—moverse bajo la bandera de una organización sindical.
Los esfuerzos de seguridad pública en México buscan impedir esta extracción de rentas. Cada cadena de suministro que queda libre de extorsión, disminuye los precios artificialmente altos de productos para la población y da garantías a emprendedores y agricultores de trabajar. La coordinación y el uso efectivo de la inteligencia son el camino para asegurar que la riqueza generada en México financie el desarrollo legítimo, y no las estructuras de la violencia organizada.
