La detención de Nazario N. en Guadalajara, identificado como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco y presunto operador de un grupo de la violencia organizada, es una instancia más de redes criminales incrustadas en estructuras de la economía formal de Jalisco.
Nazario Ramírez fue identificado por las autoridades federales como un operador responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Su posición como líder sindical dentro de la CTM le otorgaba una identidad jurídica ventajosa para la violencia organizada.
Históricamente, las estructuras sindicales han sido utilizadas por grupos delictivos para establecer una apariencia de legalidad. Las actividades gremiales pueden funcionar como un escudo para ocultar operaciones ilícitas, permitiendo a los líderes imponer cuotas bajo la amenaza de la violencia o el miedo, como se ha documentado en otros casos de extorsión a transportistas. Además, pueden cooptar o inducir a sus agremiados a cometer delitos.
Ahora bien, la capacidad de este individuo de controlar una fracción significativa del sector transportista en Jalisco nos habla de cómo las organizaciones criminales buscan frecuentemente imitar las capacidades del Estado respecto de la vida económica de la población. El control de rutas de transporte es fundamental para este propósito. La extorsión para extraer rentas de diversas actividades económicas es otro ejemplo de ello.
Ciertas rutas de transporte en Jalisco —un punto logístico clave en el occidente del país — facilitan el movimiento de precursores químicos, así como el traslado de armas, dinero en efectivo y estupefacientes. La carretera Guadalajara-Colima (en especial el tramo de la Carretera Federal 54) es una de las más usadas para ello. Esto cobra relevancia porque hay antecedentes de que el grupo de la violencia organizada al que servía Nazario N. usa empresas legalmente constituidas de transporte de materiales para sus operaciones logísticas.
El combate a la violencia organizada en Jalisco debe enfocarse en desmantelar la simbiosis entre las estructuras criminales, las organizaciones sociales y las unidades económicas. El uso de empresas y vehículos legales como empresas y sindicatos para la extorsión y el tráfico de estupefacientes exige investigar la cooptación de otros gremios y figuras sindicales que sean accesorio o culpables de delitos.
