La iniciativa de ley federal
contra la extorsión y la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal confirman
que el Estado mexicano ha elegido combatir al crimen organizado atacando la
fragmentación institucional y jurídica. El objetivo es que la extorsión, ese
impuesto criminal que asfixia la economía formal, pase de ser delito a solapado
a nivel local y para que se vuelva una prioridad federal de seguridad pública.
La extorsión, especialmente el
"cobro de piso", no es solo un acto de violencia, sino un mecanismo
de control económico que permite a los cárteles infiltrarse y distorsionar
mercados vitales como el agrícola y el de la construcción, como se ha visto en
Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Esto daña a la población, inflando
costos y castigando a quienes cultivan, construyen o emprenden negocios.
La nueva iniciativa de ley busca
corregir la histórica disparidad del tipo penal entre estados, donde penas y
definiciones inconsistentes daban a los extorsionadores una salida fácil para
no ser perseguidos. Al establecer un tipo penal único a nivel federal, y al
hacer que el delito se persiga de oficio, se desactiva una de las principales
herramientas del extorsionador: la certeza de que la víctima, por miedo, se
retractará.
Dado que la extorsión puede
realizarse con medios tecnológicos, la inteligencia policial se convierte en la
principal arma contra estas redes de violencia organizada. Para ese fin, el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha incrementado su eficiencia operativa
en un 240% en el último año, permitiendo que la inteligencia se utilice para
prevenir, investigar y combatir delitos de alto impacto.
A pesar de estos avances, es
vital que la autoridad siempre sea una fuerza para la seguridad y nunca para la
violencia organizada. Por eso, la iniciativa contempla agravantes de pena
específicas para funcionarios públicos que sean accesorio de, o cometan la
extorsión. Esta es una respuesta directa a la realidad de la infiltración,
buscando desmantelar la apariencia de institucionalidad que sirve de protección
a las actividades delictivas.
Además, para perseguir este
delito es vital combatir la cifra negra. Desde los inicios del combate a la
extorsión este año, las denuncias al 089 se incrementaron un 85%, lo que
permitió frustrar el 74% de los intentos de extorsión. El ciudadano, al sentir
respaldo, se convierte en un generador de inteligencia importante para el
sistema policial y de justicia.
La iniciativa contra la extorsión es una pieza de ingeniería institucional diseñada para que cada esfuerzo local en Jalisco, Estado de México, Michoacán o cualquier otro estado, sume a una estrategia nacional más sólida. Al castigar la fragmentación legal y obligar a la coordinación operativa, el Estado está reafirmando su soberanía al negarle al crimen organizado la impunidad que históricamente encontró en las grietas del sistema judicial y penal anterior.
Esta columna se reprodujo en los siguientes medios informativos: