El acto de ampliar el concepto de seguridad para que abarque absolutamente todo se le denomina securitización en el campo de estudios de seguridad pública. Este acto, que comenzó en los años 80 en el mundo anglosajón, encontró su expresión más fuerte durante el sexenio de Felipe Calderón en México. Este énfasis movió las coordenadas del debate de la seguridad pública en nuestro país.
Así, los conteos de víctimas se transformaron en un mecanismo de presión a los gobiernos calderonista, peñista y más recientemente, al obradorista. Las víctimas se contabilizaron en términos absolutos, pero también de manera diferenciada. Los asesinatos de periodistas, activistas y de políticos se llevan por conteos anualizados, como una medida de gobernabilidad o de parámetro de una modalidad de violencia en un territorio o en el país.
Esta securitización apunta a una relación de protección entre el Estado y los periodistas, activistas y políticos. Sin embargo, se ha usado constantemente para describir la falta de capacidad del gobierno federal durante los últimos 3 sexenios para “cuidar” el proceso de las elecciones o incluso, para lo inverso – para hablar de su presunta capacidad de incidir de forma violenta en ellas.
La paradoja de no poder reconciliar que el Estado es débil para proteger pero fuerte para violentar es un problema no resuelto para quienes usan este discurso – analistas, ONG y partidos opositores. Para responder la pregunta de si este tipo de incidentes de seguridad tienen razones políticas debemos acudir a periodos de violencia política generalizada para comprobar o descartar si hay paralelos.
La violencia en los Años de Plomo en Italia (de los 60s a 80s) y la violencia política en Turquía (del 68 al 80) cobró más de 7,000 víctimas relacionadas directa e indirectamente con conflictos sociopolíticos en esos países. Los citamos como ejemplo por su lugar histórico más cercano al desarrollo de la gobernabilidad latinoamericana, pero también podríamos citar Colombia entre 1920 y 1960. Este periodo se llamó literalmente “La violencia”. En esos casos, hubo elementos como interferencia extranjera y organización político-militar de proyectos de izquierda y derecha.
En México no se experimenta una violencia por motivos políticos de forma generalizada, tampoco como una expresión del choque entre ideologías políticas. Lo que se expresa, es la consecución de objetivos políticos regionales a través de métodos violentos. De la veintena de políticos asesinados en el proceso 2024, la mayoría son miembros de Morena, el partido en el poder. Esto rompe con la hipótesis de la oposición política más extrema a AMLO de que “crimen organizado” opera a favor de Morena. Sin embargo, los políticos opositores asesinados están enmarcados en esta lógica también. En general, estos incidentes son una medición más o menos certera de la importancia de cierto territorio para la estabilidad regional de la seguridad pública que de una competitividad o rivalidad puramente política.
Los equilibrios macrorregionales que los analistas de seguridad tanto mencionan, cuando por ejemplo hablan de la situación de seguridad “en Guerrero” o “en Zacatecas” se expresan políticamente a través del asesinato de perfiles políticos individuales, que son garantías de equilibrios o seguridad local a través de su mediación con distintos grupos con los que tienen que lidiar (o pactar, como dicen los analistas desde la comodidad del sillón en la Ciudad de México).
Hablar de estos equilibrios y de quienes los constituyen, garantizan o rompen es una labor compleja y muchas veces “municipal”. Requiere conocimiento de los factores económicos de una región y de cómo los actores sociales que ahí viven han encontrado formas de convivencia regional que obedecen a la presencia de fuerzas de seguridad federales, estatales o militares pero también al suministro de armas, capacidades de desplazamiento de grupos armados y la intensidad de la convivencia con el poder estatal (gobiernos subnacionales) y el poder Estatal (gobierno federal). Rara vez los analistas o los proyectos políticos de derecha se molestan con estas sutilezas.
La lógica de securitización implica también la simplificación de las regiones para cubrirlas con un manto “nacional” de seguridad pública y someterlas a un proceso de sometimiento o debilitamiento. Es por eso por lo que el proyecto de seguridad pública de este sexenio y el que sigue, tiene como punto de acceso a esos equilibrios regionales las interacciones entre el poder público y la población. Ninguna fuerza de seguridad podrá garantizar condiciones de protección y paz a contrapelo de la seguridad física inmediata de una población local. Esto es algo que la derecha se rehúsa a entender, dado que no han teorizado ninguna alternativa al dicho tan citado “abrazos no balazos” que sintetiza bien la política contraria – la “desecuritización” de los grupos de la sociedad envueltos en la inseguridad. Lo más lejos que han llegado es a prometer bukelismos y macro cárceles. Ese análisis pobre o inexistente, hace presa a los propios proponentes de la securitización de ella misma. Y eso es algo que difícilmente podrán superar esos políticos y analistas.
