Para construir algo se requiere tiempo, pero para reconstruir, se requiere el doble, porque no se puede construir desde cero y se tiene que generar sinergia con lo ya hecho para poder avanzar hacia un México para todas y todos. Esto la oposición no lo ha logrado entender y, lejos de construir a partir de la búsqueda de diálogo, la escucha y los puntos de acuerdo, se empeña día con día en demeritar y criticar la situación que vivimos. Irónico, ya que las condiciones actuales de nuestro país son consecuencia de los gobiernos panistas y priistas a los cuales pertenecen. FRENAAA, México Libre, la Alianza Federalista de Gobernadores y Sí México son algunos de estos ejemplos. En un ejercicio de autocrítica, podemos asegurar que esta labor no ha sido nada fácil, no solamente por el tema de covid-19. Sin embargo, a pesar de esto, se ha mantenido el firme compromiso que en su momento llevaron a Morena a ganar la presidencia y una representación importante dentro del Poder Legislativo: “Primero los pobres”.
La iniciativa de ley federal contra la extorsión y la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal confirman que el Estado mexicano ha elegido combatir al crimen organizado atacando la fragmentación institucional y jurídica. El objetivo es que la extorsión, ese impuesto criminal que asfixia la economía formal, pase de ser delito a solapado a nivel local y para que se vuelva una prioridad federal de seguridad pública. La extorsión, especialmente el "cobro de piso", no es solo un acto de violencia, sino un mecanismo de control económico que permite a los cárteles infiltrarse y distorsionar mercados vitales como el agrícola y el de la construcción, como se ha visto en Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Esto daña a la población, inflando costos y castigando a quienes cultivan, construyen o emprenden negocios. La nueva iniciativa de ley busca corregir la histórica disparidad del tipo penal entre estados, donde penas y definiciones inconsistentes daban a los ext...
