El acuerdo firmado por el Gobierno de Zacatecas con Estados Unidos para establecer cooperación con agencias de investigación estadounidenses como el FBI es parte del proceso de securitización estadounidense.
Ese gobierno extranjero convierte así los problemas de un gobierno subnacional en problemas de seguridad nacional para Estados Unidos.
Esto garantiza acceso de primera mano a información gubernamental generada por Zacatecas y también sienta las bases para que los Estados Unidos defina las prioridades de combate al crimen de ese estado mexicano.
Las débiles policías municipales o la policía estatal serán entrenadas por agentes extranjeros. Esto abre la puerta también para que entidades privadas policiales de Estados Unidos certifiquen a las policías mexicanas. El certificado «CALEA», por ejemplo, cobra a las policías estatales por realizar una inspección de ciertos estándares y luego arroja una especie de diploma de cumplimiento. Todo esto, a cambio de cientos de miles de pesos que se incrementan conforme hay más elementos de policías. La securitización también abre la puerta a la mercantilización de la seguridad pública. Ese certificado tiene dudosa validez jurídica en México.
Las implicaciones de un acuerdo con una potencia extranjera a nivel subnacional, justo cuando estamos en el proceso de fijar la doctrina y parámetros de actuación de la Guardia Nacional, representan un retroceso. Es necesario saber si hubo consultas previas de los alcances y compatibilidad de este acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y si se dialogó con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores. De lo contrario, la seguridad pública de Zacatecas habrá sido convertida en un problema aún mayor de lo que actualmente es para los zacatecanos y para todo México.