Las elecciones son un ejercicio para disputar el poder y descubrir de qué lado está la ideología de cada partido. En Jalisco hay dos opciones: el panismo renovado, vestido de naranja que usa el discurso de eficiencia y privatización y que a pesar de que llevan 6 años gobernando, los resultados hacen difícil justificar su continuidad. La otra opción es que comencemos a priorizar a la gente y desterremos la corrupción inmobiliaria de la zona metropolitana. Los gerentes que piensan que el estado y la ciudad es su negocio particular. Aunque los formatos de los debates no dan para mucho, siguen siendo un espacio valioso para visualizar estas dos opciones y que sepamos que el separatismo fiscal, las peleas con el presidente y la no coordinación en materia de seguridad son un callejón sin salida que Jalisco no merece.
La iniciativa de ley federal contra la extorsión y la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal confirman que el Estado mexicano ha elegido combatir al crimen organizado atacando la fragmentación institucional y jurídica. El objetivo es que la extorsión, ese impuesto criminal que asfixia la economía formal, pase de ser delito a solapado a nivel local y para que se vuelva una prioridad federal de seguridad pública. La extorsión, especialmente el "cobro de piso", no es solo un acto de violencia, sino un mecanismo de control económico que permite a los cárteles infiltrarse y distorsionar mercados vitales como el agrícola y el de la construcción, como se ha visto en Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Esto daña a la población, inflando costos y castigando a quienes cultivan, construyen o emprenden negocios. La nueva iniciativa de ley busca corregir la histórica disparidad del tipo penal entre estados, donde penas y definiciones inconsistentes daban a los ext...
