En algún punto del pasado reciente, el ahora Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas escribió sobre el esfuerzo de llevar a la justicia los Crímenes de Estado cometidos por el régimen del PRI:
“Durante la presidencia de Vicente Fox se creó en el 2002 la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo de investigar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas entre las décadas de 1960 a 1980. Fueron años de diligencias y trabajo, sin embargo, el final de la FEMOSPP fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno Federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles.”
Con la publicación del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, nos encontramos en una situación diferente. En muchos sentidos, es la situación opuesta. Este informe se presentó desde una conferencia de prensa oficial y tuvo amplia difusión. Está disponible para descarga libre, aunque contiene varias partes que han sido censuradas, presumiblemente para no afectar las investigaciones y órdenes de aprehensión giradas en contra de militares y policías que participaron en los hechos.
La investigación judicial del caso Ayotzinapa necesariamente debe tomar más fuerza antes de que concluya el sexenio de López Obrador. Para ello, debe lograr varias cosas que permitan decir que estamos frente a un avance rumbo al acceso a la justicia. Lo que ya está garantizado, es que este informe es un gran paso rumbo al acceso a la verdad.
En primer lugar, la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal deben materializar la responsabilidad de los mandos militares y policíacos (p. ej. comandantes y tenientes) en la desaparición de los estudiantes. Esto es vital para despejar las dudas históricas que causa a un sector de la izquierda y de la sociedad mexicana la impunidad de la que gozaron las Fuerzas Armadas y la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia. El rol de la Policía Federal y el Ejército en Ayotzinapa son análogos al rol del Ejército y la DFS en esos aciagos tiempos.
Las responsabilidades de mandos militares en la Guerra Sucia están plenamente acreditadas en documentos, libros y testimonios. Jurídicamente jamás se logró emprender acciones significativas y la impunidad sigue – en la biografía oficial de la SEDENA del General de División Hermenegildo Cuenca Díaz, no se hace mención alguna de su participación en la contrainsurgencia durante los años 70. Este General fue quien presentó el Plan Telaraña que sería la hoja de ruta para reprimir a guerrilleros e incluso arrojarlos desde aviones al mar, en los infames “Vuelos de la Muerte”. Durante el sexenio de Peña Nieto ocurrieron hechos igualmente infames, en un escenario distorsionado por la presencia de grupos del crimen organizado.
En segundo lugar, dentro y fuera de la investigación debe señalarse claramente el papel del expresidente Peña Nieto como comandante de las Fuerzas Armadas en el tiempo en que se cometió el crimen de Estado de Ayotzinapa. Como mínimo, el expresidente debe declarar y aportar elementos para explicar si sus funcionarios se insubordinaron o actuaron sin su conocimiento o si, como muchos suponemos, él conoció de la conjura para crear la «Verdad Histórica». Solo del roce de versiones entre Peña y sus funcionarios podremos obtener un atisbo de verdad. Urge llamarlo a cuentas.
La presunta entrega de los estudiantes de Ayotzinapa al crimen e inacción del Ejército Mexicano para rescatar a uno de los suyos, a un soldado infiltrado, señalan claramente faltas al deber castrense y a la disciplina que debe regir en todos los órdenes de la pirámide militar. También el poder político y su implicación en el ocultamiento del paradero de los estudiantes fijan claramente las omisiones y complicidades criminales del expresidente Peña como Jefe de Estado. Romper con el Pacto de Silencio fue el primer paso. Resta romper con el Pacto de Impunidad. Confío que hacia allá vamos.
“Durante la presidencia de Vicente Fox se creó en el 2002 la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo de investigar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas entre las décadas de 1960 a 1980. Fueron años de diligencias y trabajo, sin embargo, el final de la FEMOSPP fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno Federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles.”
Con la publicación del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, nos encontramos en una situación diferente. En muchos sentidos, es la situación opuesta. Este informe se presentó desde una conferencia de prensa oficial y tuvo amplia difusión. Está disponible para descarga libre, aunque contiene varias partes que han sido censuradas, presumiblemente para no afectar las investigaciones y órdenes de aprehensión giradas en contra de militares y policías que participaron en los hechos.
La investigación judicial del caso Ayotzinapa necesariamente debe tomar más fuerza antes de que concluya el sexenio de López Obrador. Para ello, debe lograr varias cosas que permitan decir que estamos frente a un avance rumbo al acceso a la justicia. Lo que ya está garantizado, es que este informe es un gran paso rumbo al acceso a la verdad.
En primer lugar, la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal deben materializar la responsabilidad de los mandos militares y policíacos (p. ej. comandantes y tenientes) en la desaparición de los estudiantes. Esto es vital para despejar las dudas históricas que causa a un sector de la izquierda y de la sociedad mexicana la impunidad de la que gozaron las Fuerzas Armadas y la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia. El rol de la Policía Federal y el Ejército en Ayotzinapa son análogos al rol del Ejército y la DFS en esos aciagos tiempos.
Las responsabilidades de mandos militares en la Guerra Sucia están plenamente acreditadas en documentos, libros y testimonios. Jurídicamente jamás se logró emprender acciones significativas y la impunidad sigue – en la biografía oficial de la SEDENA del General de División Hermenegildo Cuenca Díaz, no se hace mención alguna de su participación en la contrainsurgencia durante los años 70. Este General fue quien presentó el Plan Telaraña que sería la hoja de ruta para reprimir a guerrilleros e incluso arrojarlos desde aviones al mar, en los infames “Vuelos de la Muerte”. Durante el sexenio de Peña Nieto ocurrieron hechos igualmente infames, en un escenario distorsionado por la presencia de grupos del crimen organizado.
En segundo lugar, dentro y fuera de la investigación debe señalarse claramente el papel del expresidente Peña Nieto como comandante de las Fuerzas Armadas en el tiempo en que se cometió el crimen de Estado de Ayotzinapa. Como mínimo, el expresidente debe declarar y aportar elementos para explicar si sus funcionarios se insubordinaron o actuaron sin su conocimiento o si, como muchos suponemos, él conoció de la conjura para crear la «Verdad Histórica». Solo del roce de versiones entre Peña y sus funcionarios podremos obtener un atisbo de verdad. Urge llamarlo a cuentas.
La presunta entrega de los estudiantes de Ayotzinapa al crimen e inacción del Ejército Mexicano para rescatar a uno de los suyos, a un soldado infiltrado, señalan claramente faltas al deber castrense y a la disciplina que debe regir en todos los órdenes de la pirámide militar. También el poder político y su implicación en el ocultamiento del paradero de los estudiantes fijan claramente las omisiones y complicidades criminales del expresidente Peña como Jefe de Estado. Romper con el Pacto de Silencio fue el primer paso. Resta romper con el Pacto de Impunidad. Confío que hacia allá vamos.
