«Quisiera yo saber qué es peor, ¿[…] ser azotado y ahorcado en un auto de fe, ser disecado, remar en galeras, finalmente padecer todas quantas desventuras hemos pasado, ó estar aquí sin hacer nada?»
Voltaire en Cándido o Del optimismo
El optimismo de la sociedad civil altamente profesionalizada es impermeable al tiempo. En sus planteamientos de la seguridad ciudadana, hacen énfasis en las policías municipales y la policía de barrio, en construir “capacidades locales” y en profesionalizar a los policías. Nada de esto es indeseable, pero puesto en contexto con la realidad nacional estas soluciones hablan de un optimismo no justificado de que estas soluciones pueden fructificar. Vaya, ni siquiera en el caso de desmovilización de la guerrilla colombiana se encuentran ejemplos similares para impulsar algo así. Sin embargo, son esas las soluciones que se proponen.
La degradación de la seguridad en México ha durado 14 años en su peor etapa y durante este lapso, las posibilidades de implementar soluciones locales desaparecieron en gran parte del país. Esta degradación consistió en algo distinto a lo que se cree: no desapareció el control político del narcotráfico, sino que se fragmentó. Pasó del poder presidencial a los gobernadores y aparte, se distorsionó como resultado indirecto de la alternancia partidista.
La fragmentación de los cárteles coincidió en el tiempo con un período de muchas deserciones del Ejército Mexicano (150,000 entre 2003 y 2009) y muchas armas ilegalmente traficadas al territorio nacional (250,000 cada año). Tan sólo entre 2006 y 2011 se recuperaron 100,000 armas de los cárteles, casi tantas armas como efectivos tiene ahora mismo la Guardia Nacional. Estos tres factores combinados resultan en la proliferación de grupos armados relativamente compactos, con alto poder de fuego y en muchas ocasiones, entrenamiento militarizado o conocimiento de la operatividad del Ejército Mexicano.
A pesar de que estos hechos son públicos, las soluciones históricamente impulsadas en México no han respondido a los intereses y a la realidad nacional. Existen varias propuestas, pero por ejemplificar mencionamos a quienes desde la izquierda miran con esperanza el proceso de paz colombiano, ignorando el componente ideológico de las FARC, que fueron una guerrilla con demandas políticas. También existen quienes adoptan parte del enfoque securitario estadounidense, que consiste en someterse a métricas internacionales, recibir dinero y cooperación a cambio de otorgar influencia extranjera en el país y adoptar «mejores prácticas» muchas veces abstractas o que tienen que ver con reformas estructurales ajenas a la seguridad. Un segmento de la izquierda social demanda, con una justificada falta de confianza respecto del ejército, una retirada de este a los cuarteles sin ofrecer ninguna respuesta a qué suplirá el vacío que dejaría dicha retirada. Guardada toda proporción, las retiradas súbitas en conflictos asimétricos han resultado en un gran caos, como la reciente retirada de Estados Unidos de Afganistán.
Lo que se necesita para transitar a unas mayores probabilidades de un proceso de paz mexicano es complejo, pero algunos elementos indispensables son los siguientes:Debe existir un cuerpo de seguridad habilitado para cumplir funciones de seguridad pública, pero con suficiente capacidad de fuego para enfrentar grupos con características paramilitares. Ahora mismo, lo más parecido que tenemos a esto es la Guardia Nacional.
- El cuerpo de seguridad que esté habilitado para realizar labores de seguridad pública constantemente estará transitando entre dilemas de seguridad pública y seguridad nacional. Para ciertas tareas, deberá colaborar con contingentes militares.
- La experiencia histórica ha mostrado que las policías locales y estatales civilistas (y con esto nos referimos a quienes contraponen lo civil a lo militar) se han corrompido, son insuficientemente pagadas y están incluso más fragmentadas que los cárteles. Cuando tienen suficiente poder de fuego para enfrentar a los cárteles, se unen a ellos. Cuando no tienen el suficiente poder de fuego, son cooptados, asesinados o condenados a la irrelevancia.
- Ciertos elementos del entrenamiento y disciplina militar son necesarios para enfrentar al crimen organizado. Este entrenamiento jamás será recibido por elementos municipales y rara vez por elementos estatales, dado que eso solo sucede en sus grupos de élite (conocidos como GOPES o Fuerzas de Reacción en algunos estados).
Ante esta realidad, ¿existe espacio para tener reservas de estas soluciones? Desde la izquierda política socialista y sus herederos, hay desconfianza al Ejército. El Ejército fue utilizado para tareas de represión política por gobernantes autoritarios y eso hace difícil confiar en las fuerzas armadas. Aparte, muchos de los mandos militares que participaron en los hechos de la Guerra Sucia forjaron parte de la Doctrina Militar Mexicana en la que se educaron los mandos actuales de nuestro ejército. Yo mismo suscribo este pensamiento.
Creo firmemente que debemos romper con la cerrazón de las Fuerzas Armadas, esclarecer su papel en los abusos del pasado y depurar todo trazo de autoritarismo que esté dentro de ellas, para así poder invitarlas a que cumplan un papel distinto. También debemos de imbuir dentro de ellas un alto sentido de responsabilidad social, para hacer mucho más difícil que cumplan cualquier orden de reprimir al pueblo, aunque venga del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. La paradoja de tener esta convicción y saber que la Guardia Nacional debe tener una estructura de gendarmería, es decir, con ciertos factores militares, no me elude. Sin embargo, los espacios y tiempos para dar una respuesta a la crisis de seguridad se han reducido. Hemos visto indicios de que la violencia se ha contenido y es necesario preservar a la Guardia Nacional a la luz de la primera evidencia positiva en décadas de que la seguridad pública ha mejorado.
También hay que decirlo, si un Presidente autoritario llega a gobernar, ningún control garantizará que no serán usadas las fuerzas de seguridad para reprimir a la población. Lo hicieron Fox, Calderón y Peña con la Policía Federal, de carácter civil. Lo hicieron ellos mismos con el Ejército, como se ha confirmado en el Caso Ayotzinapa. Nadie de la izquierda podría negar que el Operativo de San Salvador Atenco fue político y una verdadera contrainsurgencia contra un movimiento de izquierda. Y eso lo hicieron Fox y Calderón con mandos y policías civiles y fue televisado en vivo. Ningún control lo impidió.
Sin embargo, un gobernante progresista no puede renunciar a transformar la seguridad y las fuerzas armadas solo por la trayectoria histórica que estas han tenido. Un dilema similar se juega ahora mismo en Chile, con los resultados y el fracaso de la izquierda que está a la vista de todos. No podemos seguir el mismo camino. La invitación que les ha hecho a las Fuerzas Armadas el presidente López Obrador de unirse a la vida social está condicionada – no represión, mayor apertura y transparencia, rectificación por los crímenes de lesa humanidad del pasado. El control y garantía democrática para la Guardia Nacional, aparte de las leyes, es la población. La gente confía mayoritariamente en la GN y deberá permanecer vigilante ante cualquier abuso, exceso de fuerza, uso político y represivo y denunciar cada abuso de Derechos Humanos. Los mecanismos, reformas y controles adicionales necesarios deben ser parte de la agenda de la izquierda social. En la 4T debemos estar atentos y receptivos a estas propuestas de la izquierda social y cautos de las propuestas enarboladas por personas que hablan en nombre de las víctimas, pero solamente son parte de la sociedad civil altamente profesionalizada.
Desde la izquierda, también debemos reflexionar cómo vamos a proponer estrategias de seguridad nacional, pensar en cómo los civiles debemos involucrarnos como expertos en la vida orgánica de las Fuerzas Armadas y poner a discusión en el mediano plazo a un Secretario de la Defensa civil. Todo eso, debemos hacerlo porque nos lo exige este ciclo progresista que se inauguró en 2018. Quien venga en 2024, que seguramente suscribirá la 4T, debe encabezar la consolidación de la seguridad. Así, probablemente en 2030 podremos dar los primeros pasos en el Proceso de Paz mexicano.
