Hace algunas semanas, el aparato de espionaje estadounidense arrestó a Jack Texeira, un analista militar de 21 años que aparentemente filtró documentos secretos de inteligencia relativos a la guerra subsidiaria que Estados Unidos libra contra Rusia en Ucrania, actividades subversivas del espionaje israelí contra su propio primer ministro y por supuesto, documentos relativos a la estrategia de tensión que lleva a cabo Estados Unidos para radicalizar el combate contra la violencia organizada en México. El arresto fue televisado para beneplácito de las cadenas ABC, CNN, NBC y Fox News y detonó el usual consumo compulsivo de sus audiencias.
A primera vista, parece que los documentos tienen algún grado de verdad. Hablan de bajas no reconocidas públicamente en Ucrania, problemas de suministros, protestas organizadas por el Mossad para obstaculizar una reforma judicial de Binyamin Netanyahu y comunicaciones interceptadas al Cártel del Golfo en medio de la saga dramática creada por el secuestro de ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas.
Sin embargo, el tratamiento que los medios corporativos estadounidenses le dieron a estos temas da motivos para cuestionar la explicación oficial. En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha hecho uso de información presuntamente filtrada para dirigir la conversación pública a que saque conclusiones que confirmen sus objetivos de política exterior. Esto comenzó con el artículo publicado por el reconocido periodista Seymour Hersh, que confirmó la amenaza de Joe Biden de hacer volar el gasoducto Nordstream como medida de presión para Rusia y Europa en medio del conflicto de Ucrania.
La tendencia se confirmó de nuevo desde las conferencias de prensa de la Casa Blanca conminando a periodistas a que no difundan ni discutan el contenido de los documentos filtrados. Dicha táctica ahora llega a nuestras fronteras, con los estadounidenses haciendo eco de las críticas de la oposición en México acerca de los presuntos peligros de la política de seguridad del presidente López Obrador, como se lee en esta pieza del Washington Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos. Bezos es el principal proveedor de servidores y tecnología de la información para los centros de datos del aparato de espionaje estadounidense.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata adscribir de nuevo a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se da en este contexto. Ese fallo, visto al vacío con los lentes del neoliberalismo cultural, parece una defensa de las instituciones. Sin embargo, este debilitamiento se da en un contexto de asedio y amenazas constantes de Estados Unidos, que buscan recuperar la influencia perdida en México, donde a través de la DEA, CIA y su ejército, organizaban la violencia para que se desplazara geográficamente de un lugar a otro, a través de su enlace en México, Felipe Calderón y su agente en campo, Genaro García Luna.
El objetivo de todo esto fue crear una dependencia presupuestal y de inteligencia militar de parte de México, mientras se debilitaban sus instituciones y se extraían recursos mineros y energéticos rápidamente. En 2018 ese proceso se frenó abruptamente y con la nacionalización del litio, ahora camina en el sentido opuesto, hacia la soberanía.
Es claro que la oposición en México es todo menos ilusa. Con la tendencia en Twitter #YoApoyoALosGringos confirman su conocimiento de primera mano de su propia debilidad. La oposición sabe que deberá recurrir al extranjero para tener posibilidades de éxito en 2024.
No debemos perder de vista que alguien está suministrando información a los ritmos necesarios para que reaccionemos a los acontecimientos de cierta forma. Por esto también los opositores del presidente Obrador viven en Estados Unidos; también desde ahí regentean sus medios producto del lavado de dinero. El gobierno del presidente Obrador debe dar muestras claras de que somos capaces de resistir esas presiones, mientras que garantiza que los custodios de su legado sean todos los mexicanos, no solo los vestidos de olivo.
