Puente Grande fue símbolo de la fallida política de seguridad del foxismo, calderonismo y peñismo. Se toleraban fiestas con alcohol y prostitución y desde ahí se daban órdenes a control remoto a grupos de la delincuencia. Tan solo este mayo pasado, la negra herencia de corrupción y malos manejos terminó en balazos entre internos. El asesinato de un director culmina esta historia de violencia y descontrol. Entre internos de los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la decisión de reubicar a los internos es sabia pero difícil. Cuidando el equilibrio y manejo de otros penales, es necesario cerrar el oscuro capítulo de la historia reciente de México y reasignar a estos reos a otros lugares. La pacificación de nuestro país será difícil pero hay símbolos que pesan y Puente Grande dejará de ser esa mancha negra en la historia reciente del crimen y la política en México.
La iniciativa de ley federal contra la extorsión y la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal confirman que el Estado mexicano ha elegido combatir al crimen organizado atacando la fragmentación institucional y jurídica. El objetivo es que la extorsión, ese impuesto criminal que asfixia la economía formal, pase de ser delito a solapado a nivel local y para que se vuelva una prioridad federal de seguridad pública. La extorsión, especialmente el "cobro de piso", no es solo un acto de violencia, sino un mecanismo de control económico que permite a los cárteles infiltrarse y distorsionar mercados vitales como el agrícola y el de la construcción, como se ha visto en Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Esto daña a la población, inflando costos y castigando a quienes cultivan, construyen o emprenden negocios. La nueva iniciativa de ley busca corregir la histórica disparidad del tipo penal entre estados, donde penas y definiciones inconsistentes daban a los ext...
