En días pasados, varios consejeros del INE —junto con su presidente Lorenzo Córdova (el del salario anticonstitucional) — comunicaron su decisión de aprobar un acuerdo que limita la sobrerrepresentación de los partidos políticos en las siguientes elecciones. Ciro Murayama admitió incluso que dicho defecto venía desde el proceso electoral de 2015. Este ‘lapsus brutus’ del consejero tiene varias implicaciones.
En primer lugar, se admite — si aceptamos el argumento del Instituto— que durante dos elecciones el INE toleró y validó una falla que es anticonstitucional y que distorsiona el resultado de los comicios. Aceptó esos resultados y no los cuestionó públicamente, como hace ahora. Mucho menos señaló con nombre y apellido al partido beneficiado.
En segundo lugar, se pone en evidencia que, al tolerar el INE una sobrerrepresentación del PRI, este partido —en coordinación con sus aliados funcionales (PAN, PRD) — la utilizó para emprender una serie de reformas constitucionales que significaron un cambio al carácter legal del Estado mexicano, eliminando las últimas barreras y protecciones sociales que existían. Es decir: la omisión y validación del INE tuvo efectos profundos —y nocivos— más allá de la elección. Afectó negativamente la vida de los mexicanos.
Ahora, de último minuto se pretende corregir esta ‘falla’ y señalar directamente a Morena como beneficiario de una presunta sobrerrepresentación. Esta confesión del INE pone claras sus verdaderas intenciones: su consejero y aliados no defienden la realización de elecciones limpias e imparciales, sino un liberalismo clásico yanqui bastante distorsionado en donde debe haber “balances y contrapesos”, así como presidentes débiles. Están en contra de los cambios constitucionales para restaurar esas protecciones sociales y están en contra de lo que puede lograr un partido y Presidente con mucha legitimidad en las urnas. A eso es a lo que el INE y sus legisladores de barro llaman “concentración del poder”.
Ojo, esta idea solo es válida para México. El bipartidismo y el presidencialismo de Estados Unidos no parece molestarlos. No, pretenden decirnos, es sólo México en donde esto es un problema, como apunta José Woldenberg en su defensa del INE. La verdad es que estos personajes y personeros están defendiendo un régimen anterior y derrotado. Están defendiendo salarios altos de los burócratas del INE y una democracia procedimental, vista como negocio redondo para ellos y sus aliados. Están evitando que la transformación que demanda la gente se vea reflejada en las urnas, congresos y leyes.
Para ello, están dispuestos a sacrificar todo su pudor y descubrirse. Están dispuestos a cambiar las reglas básicas del juego poco antes de comenzar y están dispuestos a salir de su pretendida neutralidad para nombrar a un partido político como su adversario. Por si fuera poco, están dispuestos a tomarse las facultades de un legislador de barro, cuando un instituto como el INE es solamente custodio y ejecutor de las reglas electorales. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos. Pero las instituciones que están conformadas por los opositores a la 4T son especialistas en una cosa: defender al Pueblo con sus palabras, pero traicionarlo con sus hechos.