Al tiempo que se escribe esta columna, una delegación del gobierno mexicano encabezada por el Presidente Obrador se encuentra en Estados Unidos para asistir reunión tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá. Generalmente estas reuniones son protocolarias y sirven para formalizar posiciones trabajadas previamente en materia de cooperación bilateral y trilateral. Esta frase se usa para nombrar exigencias de un lado y del otro de la frontera, en un intercambio en el que México siempre se encuentra en una posición desigual.
En semanas pasadas, el embajador Ken Salazar ha presionado al gobierno mexicano para que dé marcha atrás a la propuesta de reforma energética. Salazar, un abogado corporativo de formación y carrera, ha trabajado representando a empresas energéticas estadounidenses como Anadarko. Tiene un despacho de abogados corporativos de nombre “WilmerHale”, y aunque su biografía y participación han sido borradas del sitio oficial del despacho, su biografía profesional en otro sitio lo confirma. Su historia con Shell y British Petroleum (BP) son materia de una columna en sí misma.
El embajador Salazar, defensor de compañías privadas de petróleo y afín al fracking, representa intereses privados mediante su investidura pública. Este hecho poco conocido en México explica un poco el por qué la administración Biden ha dejado correr estas presiones. El lucro en Estados Unidos siempre ha encontrado protección oficial en su gobierno y estas presiones son solo la superficie. Habrá que poner especial atención a las agencias de cooperación estadounidenses y al financiamiento extranjero a ONG que procurarán influir en el proceso de aprobación de la reforma. Usualmente, lo más sombrío de estas presiones se mueve por debajo de la línea de flotación de la opinión pública.
La delegación de México habrá de enfrentarse a este interés, junto con el interés geopolítico de Estados Unidos de seguir acumulando vacunas para reactivar su economía, atraer turismo de vacunación y presionar a sus competidores rusos y chinos. Las peticiones que pueda realizar López-Gatell en este sentido deberán encontrar algún encadenamiento con los organismos internacionales. De lo contrario, como país no productor de vacunas, se exige desde una posición débil. No deberá haber pudor para hablar abiertamente de las vacunas ya aprobadas por México que Estados Unidos, Europa y la OMS bloquean por razones no científicas.
Por último, la demanda presentada ante los fabricantes de armas por parte del Estado mexicano podría encontrar algo de eco en la administración Biden. La regulación de armas de fuego como causa célebre y eslogan de los demócratas rara vez se acompaña de acciones fuertes. Sin embargo, la indolencia y la debilidad demócrata privilegia a los fabricantes de armas sobre cualquier otra cosa para no perder fuerza en distritos electorales conservadores.
México sufre las consecuencias de esa claudicación demócrata desde hace tiempo, pero las medidas siguen siendo tímidas. Las cortes determinarán el destino de la demanda que hace México, pero es urgente profundizar las medidas que ataquen las cadenas de suministro de armas. Si se logra, como se dijo el pasado 8 de octubre, extraditar a los primeros involucrados de Estados Unidos a México (y viceversa) por tráfico de armas y no por crímenes violentos solamente, habremos avanzado un eslabón más cerca de atacar las causas reales de la violencia en México.
En semanas pasadas, el embajador Ken Salazar ha presionado al gobierno mexicano para que dé marcha atrás a la propuesta de reforma energética. Salazar, un abogado corporativo de formación y carrera, ha trabajado representando a empresas energéticas estadounidenses como Anadarko. Tiene un despacho de abogados corporativos de nombre “WilmerHale”, y aunque su biografía y participación han sido borradas del sitio oficial del despacho, su biografía profesional en otro sitio lo confirma. Su historia con Shell y British Petroleum (BP) son materia de una columna en sí misma.
El embajador Salazar, defensor de compañías privadas de petróleo y afín al fracking, representa intereses privados mediante su investidura pública. Este hecho poco conocido en México explica un poco el por qué la administración Biden ha dejado correr estas presiones. El lucro en Estados Unidos siempre ha encontrado protección oficial en su gobierno y estas presiones son solo la superficie. Habrá que poner especial atención a las agencias de cooperación estadounidenses y al financiamiento extranjero a ONG que procurarán influir en el proceso de aprobación de la reforma. Usualmente, lo más sombrío de estas presiones se mueve por debajo de la línea de flotación de la opinión pública.
La delegación de México habrá de enfrentarse a este interés, junto con el interés geopolítico de Estados Unidos de seguir acumulando vacunas para reactivar su economía, atraer turismo de vacunación y presionar a sus competidores rusos y chinos. Las peticiones que pueda realizar López-Gatell en este sentido deberán encontrar algún encadenamiento con los organismos internacionales. De lo contrario, como país no productor de vacunas, se exige desde una posición débil. No deberá haber pudor para hablar abiertamente de las vacunas ya aprobadas por México que Estados Unidos, Europa y la OMS bloquean por razones no científicas.
Por último, la demanda presentada ante los fabricantes de armas por parte del Estado mexicano podría encontrar algo de eco en la administración Biden. La regulación de armas de fuego como causa célebre y eslogan de los demócratas rara vez se acompaña de acciones fuertes. Sin embargo, la indolencia y la debilidad demócrata privilegia a los fabricantes de armas sobre cualquier otra cosa para no perder fuerza en distritos electorales conservadores.
México sufre las consecuencias de esa claudicación demócrata desde hace tiempo, pero las medidas siguen siendo tímidas. Las cortes determinarán el destino de la demanda que hace México, pero es urgente profundizar las medidas que ataquen las cadenas de suministro de armas. Si se logra, como se dijo el pasado 8 de octubre, extraditar a los primeros involucrados de Estados Unidos a México (y viceversa) por tráfico de armas y no por crímenes violentos solamente, habremos avanzado un eslabón más cerca de atacar las causas reales de la violencia en México.
