La ley que obliga a los agentes extranjeros a registrarse ante el gobierno de Estados Unidos data de 1938. El llamado Foreign Agents Registration Act (FARA por sus siglas en inglés) le da al gobierno estadounidense la capacidad de evaluar el actuar político de agentes en servicio de intereses extranjeros.
Esta ley obliga a que estos agentes (que pueden ser estadounidenses o extranjeros), hagan reportes públicos de su relación con el interés extranjero a quien sirven. De igual forma les obliga a transparentar actividades, recibos y pagos hechos en servicio de esos intereses. Cuando hablamos de la cooperación para el desarrollo, por ejemplo, el financiamiento a proyectos de infraestructura (un pozo de agua) no caería bajo ese supuesto. Pero en México, desde hace tiempo, hay actividades que cumplen con todas esas características de servir a intereses extranjeros y que serían susceptibles de escrutinio público bajo el FARA.
Si bien hay un registro de cabilderos en el Senado de México, un registro de las actividades políticas (no legislativas) que realizan individuos u organizaciones para servir a intereses o gobiernos extranjeros no existen como tal. La reciente reforma del Senado aplica solamente a agentes extranjeros gubernamentales, pero no a ciudadanos u organizaciones que están vinculadas con financiamiento gubernamental sin ser funcionarios. La reforma básicamente trata de cooperación en cuestiones de seguridad pública y nacional.
¿Qué pasaría si a aquellas organizaciones que reciben fondos estadounidenses como MCCI, que los recibe porque pretendidamente comulga con los valores de ese país, se le aplicara una legislación como el FARA? En este caso hipotético, el gobierno mexicano podría evaluar el tamaño de la influencia y la naturaleza de las actividades que MCCI realiza con dinero extranjero. También podría poner a consideración de la opinión pública si las acciones que MCCI lleva a cabo con dinero extranjero buscan comprar influencia política o influir en la vida pública del país de manera impropia, por ejemplo, influyendo en elecciones con dinero extranjero.
Otro ejemplo es la reunión de MCCI con Sergio Moro, el juez acusado de corrupción y tortura que es famoso por haber perseguido jurídicamente a Lula se pagó con fondos extranjeros. Las conexiones de Moro con el Departamento de Estado de Estados Unidos están bien documentadas. ¿No es de interés público si una organización se reúne con un juez extranjero en territorio mexicano, financiado por el gobierno de Estados Unidos?
Un último tema es el periodismo financiado por dinero extranjero. Los reportajes financiados con ese dinero se incluyen como parte de los informes que las organizaciones no gubernamentales rinden a sus financiadores extranjeros. Estos reportes son públicos a veces, pero no podemos ver la pormenorización y las actividades llevadas a cabo, mucho menos la estructura de ese financiamiento. Lo único que estas organizaciones muestran es lo que a su interés conviene, según su línea editorial. ¿Sus comunicaciones con los financiadores extranjeros influyen en su línea de trabajo? ¿Se reúnen con ellos? ¿Para qué fines?
Todas estas preguntas son doblemente pertinentes si las centramos en la reciente polémica de un reportero, de cuyo nombre no quiero acordarme, que trabaja para una corporación estadounidense en Delaware, un estado conocido por ser un paraíso fiscal y rentar oficinas fantasmas a toda suerte de “compañías”. Como vemos, el tema de la rendición de cuentas del periodismo, sobre todo cuando es financiado y operado desde potencias extranjeras es realmente importante. Máxime porque estas compañías y organizaciones seguramente pegarían el grito en el cielo si la ley las obligara a registrarse como agentes extranjeros, aunque ellos reciban dinero del país que precisamente obligaría a que ellos hicieran esa rendición de cuentas si buscaran influir en la política de Estados Unidos.
La hipocresía no es menor por estar enmarañada en esta madeja de Loret, USAID, Fundación Ford, corporaciones de Delaware y organizaciones no gubernamentales. Pero el punto no es hablar de personas particulares. Es solo que así, dicha hipocresía es más difícil de señalar. No confundamos el árbol con el bosque.
Esta ley obliga a que estos agentes (que pueden ser estadounidenses o extranjeros), hagan reportes públicos de su relación con el interés extranjero a quien sirven. De igual forma les obliga a transparentar actividades, recibos y pagos hechos en servicio de esos intereses. Cuando hablamos de la cooperación para el desarrollo, por ejemplo, el financiamiento a proyectos de infraestructura (un pozo de agua) no caería bajo ese supuesto. Pero en México, desde hace tiempo, hay actividades que cumplen con todas esas características de servir a intereses extranjeros y que serían susceptibles de escrutinio público bajo el FARA.
Si bien hay un registro de cabilderos en el Senado de México, un registro de las actividades políticas (no legislativas) que realizan individuos u organizaciones para servir a intereses o gobiernos extranjeros no existen como tal. La reciente reforma del Senado aplica solamente a agentes extranjeros gubernamentales, pero no a ciudadanos u organizaciones que están vinculadas con financiamiento gubernamental sin ser funcionarios. La reforma básicamente trata de cooperación en cuestiones de seguridad pública y nacional.
¿Qué pasaría si a aquellas organizaciones que reciben fondos estadounidenses como MCCI, que los recibe porque pretendidamente comulga con los valores de ese país, se le aplicara una legislación como el FARA? En este caso hipotético, el gobierno mexicano podría evaluar el tamaño de la influencia y la naturaleza de las actividades que MCCI realiza con dinero extranjero. También podría poner a consideración de la opinión pública si las acciones que MCCI lleva a cabo con dinero extranjero buscan comprar influencia política o influir en la vida pública del país de manera impropia, por ejemplo, influyendo en elecciones con dinero extranjero.
Otro ejemplo es la reunión de MCCI con Sergio Moro, el juez acusado de corrupción y tortura que es famoso por haber perseguido jurídicamente a Lula se pagó con fondos extranjeros. Las conexiones de Moro con el Departamento de Estado de Estados Unidos están bien documentadas. ¿No es de interés público si una organización se reúne con un juez extranjero en territorio mexicano, financiado por el gobierno de Estados Unidos?
Un último tema es el periodismo financiado por dinero extranjero. Los reportajes financiados con ese dinero se incluyen como parte de los informes que las organizaciones no gubernamentales rinden a sus financiadores extranjeros. Estos reportes son públicos a veces, pero no podemos ver la pormenorización y las actividades llevadas a cabo, mucho menos la estructura de ese financiamiento. Lo único que estas organizaciones muestran es lo que a su interés conviene, según su línea editorial. ¿Sus comunicaciones con los financiadores extranjeros influyen en su línea de trabajo? ¿Se reúnen con ellos? ¿Para qué fines?
Todas estas preguntas son doblemente pertinentes si las centramos en la reciente polémica de un reportero, de cuyo nombre no quiero acordarme, que trabaja para una corporación estadounidense en Delaware, un estado conocido por ser un paraíso fiscal y rentar oficinas fantasmas a toda suerte de “compañías”. Como vemos, el tema de la rendición de cuentas del periodismo, sobre todo cuando es financiado y operado desde potencias extranjeras es realmente importante. Máxime porque estas compañías y organizaciones seguramente pegarían el grito en el cielo si la ley las obligara a registrarse como agentes extranjeros, aunque ellos reciban dinero del país que precisamente obligaría a que ellos hicieran esa rendición de cuentas si buscaran influir en la política de Estados Unidos.
La hipocresía no es menor por estar enmarañada en esta madeja de Loret, USAID, Fundación Ford, corporaciones de Delaware y organizaciones no gubernamentales. Pero el punto no es hablar de personas particulares. Es solo que así, dicha hipocresía es más difícil de señalar. No confundamos el árbol con el bosque.